En un post anterior escribí que el Gobierno estaba perdiendo su credibilidad a marchas forzadas. Y es que no ha habido previsión económica por parte del Ejecutivo que no haya sido superada por la tozuda realidad. Desde que Solbes negara la mayor de la crisis hasta la afirmación de Salgado de que la subida del IVA no afectará al consumo porque cuando entre en vigor ya se habrá remontado la situación, la confianza en sus palabras no puede ser la misma. La culminación se ha producido con la previsión de paro recogida en los Presupuestos para 2010. La estimación indicaba una tasa del 18,9% y resulta que según el Eurostat, esa cifra ya se alcanzó en agosto . Magia: las peores previsiones se hacen realidad en sólo dos días. Magia, sí, pero magia negra.

La confianza, el término más utilizado últimamente por los economistas y políticos, es un estado de ánimo, una cierta inclinación tan difícil de explicar cómo fácil de menoscabar. Se trata de que los consumidores tengan la suficiente tranquilidad económica para gastar, de que las empresas tengan buenas perspectivas para invertir, de que los bancos se presten a prestar... El problema viene cuando el encargado de que todo este marco idílico se cumpla ofrece datos irreales y continuamente defenestrados. Cierto que tampoco puede decir que la crisis es gravísima e irrecuperable, porque sólo serviría para ahondar en la misma; pero que la previsión de paro sea falsada sólo dos días después de su inclusión en los Presupuestos Generales es otro durísimo golpe a la confianza en el mensaje gubernamental.

Sólo hay dos excepciones a la ley no escrita que dice que un gobierno no puede reconocer las verdades económicas: una, es la guerra, para instar a los ciudadanos a conceder lo que de otra forma sería impensable, y otra, la sucesión de otro ejecutivo con el que se quieren marcar distancias y evitar responsabilidades (léase el caso de Obama respecto a Bush y la crisis que se encontró). Y no nos encontramos en ninguna de ellas. ¿Cuál será la siguiente previsión en ser superada?

Parece ser que la guerra contra el tabaco se recrudece. Trinidad Jiménez apuntó ya en agosto que "la sociedad española está madura para prohibir el tabaco en lugares públicos" y este pasado lunes, en su reunión con Patxi López, aseguró que "no se podrá fumar en lugares públicos". En Euskadi, como sale hoy publicado, esta medida se aplicará antes del próximo verano. Parece evidente que mirado desde el punto de la salud, no cabe duda de la bondad de la medida. El cáncer de pulmón es mal enemigo y si los impuestos no pueden con él, tendrá que ser la ley quien lo haga.

Ahora bien, llama poderosamente la atención la agresividad de las políticas contra el tabaco y la nula atención que se ha prestado al alcohol. Elena Salgado, cuando vio rechazado su proyecto de ley contra el consumo de alcohol entre los menores en 2007, aseguró que no había "la misma sensibilidad social que en el tema del tabaco". En el caso de los menores no es así y los sucesos de Pozuelo de Alarcón lo han dejado bien claro; pero sí lo es en el caso de los adultos. ¿Por qué tanta preocupación por el tabaco -incluidos los adultos, claro está- y no con el alcohol, que sólo "parece" perjudicial para los menores?

Los perjuicios para la salud del alcoholismo y el tabaquismo se antojan similares, pero no cabe comparación en cuanto a las consecuencias sociales. El humo, sí, es molesto, pero difícilmente convierte la vida de una familia en un infierno o es un acicate para la violencia de género. En otras palabras, el tabaco básicamente perjudica a uno mismo mientras que el alcohol se extiende a quienes nos rodean.

El argumento más utilizado para defender la autonomía de los adultos es la libertad. El estado, dicen, no debe entrometerse en nuestra libertad. Buen argumento, sin duda, pero ¿acaso no nos obliga ese mismo Leviatán a educarnos como buenamente le parece o ponernos el cinturón de seguridad en el coche? Pocos ven en ambos casos una intromisión en la libertad individual y sí consideran un abuso las prohibiciones sobre el tabaco y el alcohol. Basta probar con no llevar a sus hijos al colegio y verán si el Estado coarta su libertad o no.

De vez en cuando, cuando algún menor agrede a un profesor, salta la alarma sobre la educación que los padres dan a sus hijos. Aunque no se establezca directamente la relación, esos son los mismos adultos que tienen todo el derecho, como adultos que son, a que nadie les diga lo que tienen que beber o si pueden fumar. Si se pone en duda su capacidad para amansar a las fieras que tienen por vástagos, ¿por qué considerarles responsables para beber y fumar a discreción? Hay imposiciones e imposiciones.

Han pasado ya varios días, pero no me gustaría dejar de comentar una interesante noticia. El pasado día 3 de diciembre, mi admirada Elena Salgado, hoy ministra de Administraciones Públicas y antes de Sanidad, señaló que ninguna de las políticas del Gobierno sobre consumo de alcohol afectó a las personas mayores de edad, tal y como había afirmado el ex presidente del Gobierno José María Aznar el pasado mes de mayo, cuando reclamó al Ejecutivo más libertad y que no se meta en lo que hacen los ciudadanos.

"Aznar suele equivocarse con frecuencia en lo que dice y en lo que hace. Que yo sepa, Aznar es mayor de edad, y ninguna de mis políticas de alcohol iba referida a los mayores de edad", dijo la ministra.

Recordemos que ella fue la responsable de las medidas contra el tabaco y que vio frustrado su intento de combatir el consumo de alcohol por las presiones del sector. ¡Lástima que ese lobby tenga tanto poder!

Lo que no me gusta tanto de estas declaraciones es que parecen considerar que a los adultos nada se les puede decir sobre el consumo de alcohol y, por extensión, de cualquier otra actividad. "Cada uno ya sabe lo que tiene que hacer", parece desprenderse tanto de sus palabras como de las de Aznar, que incidía en la intromisión que supone para la libertad individual. Craso error. Particularmente me preocupan más las actitudes de los adultos que las de los adolescentes: sin el ejemplo de los primeros, mal camino llevan los segundos.

La madurez no se adquiere al cumplir 18 años; junto al derecho al voto a nadie le dan un certificado de "cabeza bien amueblada". A partir de esta edad, todo parecen ser derechos inalienables; cada uno puede hacer lo que bien le parezca. Sin embargo, pruebas evidentes de lo contrario pueden encontrarse a pie de calle, observando cómo los padres "educan" a sus hijos: exabruptos, gritos y regalos se mezclan sin cesar. La clave de una buena educación reside justamente en saber decir 'no' a quienes más se quiere, a los hijos; pero las nuevas generaciones de padres, luchando por mantenerse eternamente jóvenes en su aspecto, forma de vida y valores, no parecen darse cuenta. Diga lo que diga la demografía, lo que faltan no son niños, sino adultos.