Al margen del 'Alakrana', la guerra política en España ha girado en los últimos días en torno al SITEL, el 'Sistema Integrado de Interceptación Electrónica' encargado por el PP en 2001 y puesto en marcha por el Gobierno Aznar en 2004. Resulta que ahora los populares se sienten incómodos con la presunta utilización ilícita por parte de Rubalcaba y aspiran a regular su uso por medio de una Ley Orgánica, lo que requeriría el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso.

Es ésta una discusión política más que acabará diluida en el siguiente culebrón en el que se enzarzarán los políticos y que seguirán con estúpida avidez los medios. De lo que quiero tratar en este post es del sorprendente -por similar al mejor Jiménez Losantos o la COPE- tratamiento que dio La Sexta al mismo.

Este 'afrancesado' medio, cuya cercanía al La Moncloa es bien conocida, ligó los argumentos de los populares en contra de este sistema con el recurso que un importante mafioso ruso había presentado contra su detención. (Nótese en el vídeo cómo intercalan las declaraciones de Gónzalez Pons o Sáenz de Santamaría para ahondar en esta idea.) Pero dejan lo mejor para el final: resulta que el eternamente malcarado De Juana Chaos estaría pensando en utilizar el argumento de los populares para invalidar el proceso que se sigue contra él. ¡El no va más: De Juana apoyándose en el PP!

Puestos a decir barbaridades, se podría decir que La Sexta es una fervorosa seguidora de George Bush. ¿Acaso la Patriot Act -el conjunto de leyes que permitía a las autoridades norteamericanas interceptar cualquier tipo de comunicación, realizar registros o deportar inmigrantes bajo el amplio paraguas de 'operaciones antiterroristas'- no fue aprobada por el Congreso en 2001 y renovado en 2005, y no ha evitado (según sus impulsores) otras acciones terroristas tras el 11-S?

"Somos sólo el mensajero", suelen decir los medios cada vez que se les acusa de parcialidad. Sin embargo, el tratamiento que dan a ciertas noticias desmiente este manido y falso axioma y lleva a corolarios de lo más inesperados. El matrimonio entre el PP y De Juana o a La Sexta con Bush son sólo algunos ejemplo de ello.

Parece ser que la guerra contra el tabaco se recrudece. Trinidad Jiménez apuntó ya en agosto que "la sociedad española está madura para prohibir el tabaco en lugares públicos" y este pasado lunes, en su reunión con Patxi López, aseguró que "no se podrá fumar en lugares públicos". En Euskadi, como sale hoy publicado, esta medida se aplicará antes del próximo verano. Parece evidente que mirado desde el punto de la salud, no cabe duda de la bondad de la medida. El cáncer de pulmón es mal enemigo y si los impuestos no pueden con él, tendrá que ser la ley quien lo haga.

Ahora bien, llama poderosamente la atención la agresividad de las políticas contra el tabaco y la nula atención que se ha prestado al alcohol. Elena Salgado, cuando vio rechazado su proyecto de ley contra el consumo de alcohol entre los menores en 2007, aseguró que no había "la misma sensibilidad social que en el tema del tabaco". En el caso de los menores no es así y los sucesos de Pozuelo de Alarcón lo han dejado bien claro; pero sí lo es en el caso de los adultos. ¿Por qué tanta preocupación por el tabaco -incluidos los adultos, claro está- y no con el alcohol, que sólo "parece" perjudicial para los menores?

Los perjuicios para la salud del alcoholismo y el tabaquismo se antojan similares, pero no cabe comparación en cuanto a las consecuencias sociales. El humo, sí, es molesto, pero difícilmente convierte la vida de una familia en un infierno o es un acicate para la violencia de género. En otras palabras, el tabaco básicamente perjudica a uno mismo mientras que el alcohol se extiende a quienes nos rodean.

El argumento más utilizado para defender la autonomía de los adultos es la libertad. El estado, dicen, no debe entrometerse en nuestra libertad. Buen argumento, sin duda, pero ¿acaso no nos obliga ese mismo Leviatán a educarnos como buenamente le parece o ponernos el cinturón de seguridad en el coche? Pocos ven en ambos casos una intromisión en la libertad individual y sí consideran un abuso las prohibiciones sobre el tabaco y el alcohol. Basta probar con no llevar a sus hijos al colegio y verán si el Estado coarta su libertad o no.

De vez en cuando, cuando algún menor agrede a un profesor, salta la alarma sobre la educación que los padres dan a sus hijos. Aunque no se establezca directamente la relación, esos son los mismos adultos que tienen todo el derecho, como adultos que son, a que nadie les diga lo que tienen que beber o si pueden fumar. Si se pone en duda su capacidad para amansar a las fieras que tienen por vástagos, ¿por qué considerarles responsables para beber y fumar a discreción? Hay imposiciones e imposiciones.