Uno de los temas tabú en política es el de los impuestos, en concreto, el de la subida de los mismos. El ciudadano medio tiene bien asumido que su bolsillo, al menos de forma directa, no se toca. Contemplar en la nómina las retenciones con que nos obsequia Hacienda y la terrible posibilidad de que la declaración de la renta salga positiva ("a pagar") son dos de esas emociones líricas que menos enaltecen el alma.

Sólo hay una situación en la que la subida de impuestos es generalmente aceptada: que los afectados sean los ricos. Se suele argumentar que es una cuestión de solidaridad basada en el principio de que los que tienen más deben ayudar a los que tienen menos. Dejando a un lado la vertiente económica (no se puede olvidar que si se les presiona demasiado, la respuesta será llevar su dinero a otros países, con la consiguiente descapitalización) y entrando en la sociológica, detrás de este discurso parece deslizarse -postulo- un cierto rencor hacia los mejores muy arraigado entre la masa democrático-liberal. Ferviente defensora de que todos los individuos son iguales y de que el voto tiene el mismo valor sea de quien sea y haga lo que haga, todo lo que sobresalga es envidiado a la vez que rechazado. Casi todos aspiran a ser ricos, pero a nadie le gusta que lo sea el vecino.

Existe una confusión en torno a lo público que conviene desechar: la de que público significa gratuito. Viene esto a cuento de la subida de impuestos que parecer querer impulsar el Gobierno y a la situación de la sanidad. Vayamos por partes.

La solución ortodoxa para salir de la crisis en la que nos encontramos ha sido la siguiente: si como consecuencia del crecimiento del paro los consumidores no gastan, que sea el Estado quien lo haga. El sector público, siempre sospechoso para el homo economicus, se convierte en salvador del sector privado. Bien. Es la receta keynesiana. Sin embargo, parece que por ser público, no cueste nada. 2.500 euros del cheque-bebé, más 400 para los contribuyentes, más otros 420 para los parados que han agotado los subsidios y otros 8.000 millones para el Plan E . ¿Resultado? Que la crisis sigue en pleno auge y el Estado se ha endeudado de forma inútil.

Parece que sólo ahora que se plantea la subida de impuestos (bien sobre las rentas superiores a 50.000 euros anuales , bien sobre los beneficios no ligados al trabajo -inversiones bursátiles...-) nos damos cuenta de que todo ese dinero invertido -a la vista de los hechos, más bien malgastado- no sale de la nada. El Estado se alimenta de los impuestos, directos e indirectos. Como su primera apuesta, la de reactivar los indirectos a través del consumo, no ha salido bien, el Gobierno apuesta ahora por la de los impuestos directos.

La impresión que han dado todas estas medidas es que no respondían a un plan concreto. Cuando Solbes abandonó el Ejecutivo, la sospecha de que estaba harto de todas estas improvisaciones fue adecuadamente destacada en los medios. Y es que una cosa es que se predique el gasto público para salir de la crisis (lo que ya de por sí es discutible), y otra es que se malgaste el dinero público. Sólo ahora, cuando "amenaza" la subida de impuestos, la "mayoría satisfecha" parece darse cuenta de que público no significa gratuito.

Otro ámbito donde se da esta misma confusión entre lo público y lo gratuito es el sanitario. Y es que parece que identificamos sanidad pública con sanidad gratuita. Cuando vayan a la farmacia, observen el precio de los medicamentos y el precio que pagan realmente. ¿Adivinan quién abona la diferencia? Sí, el Estado, es decir, los impuestos, es decir, todos y cada uno de nosotros aunque sea en un porcentaje ínfimo. Como consecuencia del abuso que hacemos de la sanidad pública, tendremos que empezar a valorar realmente lo que nos cuesta. Cuando tengamos que pagar por ello, sabremos realmente que lo público no es gratuito.

En conclusión, los bienes públicos, sean los impuestos, sea la sanidad, se han de emplear con el mayor cuidado posible. Y esto se debe exigir al Gobierno, claro, pero también a los ciudadanos. Existe, creo, una "mentalidad funcionarial" que ve lo público como algo de lo que ha de ser aprovechado en contraposición a la gestión que se hace en el sector privado. Cuando a uno no le afecta directamente, el fraude no es fraude. Falso. Lo de todos, precisamente por ser de todos, ha de ser especialmente "mimado". Si no, al final viene la subida de impuestos y, con el tiempo, la sanidad privada.

El Gobierno anunció el pasado viernes la subida de los impuestos que gravan los carburantes (la subida del tabaco quedará para otro post). A partir de ahora, llenar el depósito costará 2,9 céntimos más por cada litro de gasolina. ¿Qué cabe decir de esta medida? Fundamentalmente, que se trata de una incoherencia evidente por parte del Gobierno.

Resulta que se ha defendido a capa y espada la continuidad de la planta que Opel tiene en Figueruelas y la fabricación del Audi Q5 en Martorell como formas de sostener el sector del automóvil y ahora van y encarecen la gasolina que alimenta los mismos. Los vaivenes del mercado mundial han hecho coincidir esta medida con unos precios que se hallan en sus máximos anuales tras varios meses de escalada: el gasoil cuesta el 8% más que en enero y la gasolina, el 24%. Por si fuera poco, ahora llegan también las vacaciones, momento en el que los veraneantes utilizarán sus coches para desplazarse.

¿Alguien entiende esta política? Una de las formas que existen para aumentar la recaudación es, obviamente, incrementar los impuestos. No se trata de una política que esté en absoluto bien vista por parte de la “mayoría satisfecha” (en clarificadora expresión de Galbraith) ni por los políticos que la representan; por lo que adoptarla no es una cuestión sencilla. Pero una vez que se adopta, no estaría de más ser coherente. Si el modelo adoptado pasa por al sector del automóvil, no tiene sentido gravar más el precio de los carburantes. Y más si se tiene en cuenta que los impuestos suponen ya el 57% del coste de la gasolina y el 50% del gasoil.

En definitiva, el Ejecutivo de Zapatero y Sebastián (de éste se sospecha que está detrás de muchas de las ocurrencias económicas que tan poco gustaban a Solbes) debería tener claro que defender el empleo en Figueruelas o Martorell es más que ir a Alemania y ofrecer un sinfín de ventajas a Volkswagen y Opel. Y si no, apostar definitivamente por el transporte público . A los políticos lo mínimo que se les puede pedir es coherencia. Como el valor al soldado.

A nadie que conozca le gusta pagar impuestos. Nadie siente una emoción especial cuando ve la retención en la nómina o que la declaración de la renta le sale negativa. Sin embargo, continuamente pagamos impuestos sin darnos cuenta. Comprar, consumir, la clave de la economía mundial, significa también pagar al Estado de forma encubierta.Y eso no nos molesta tanto. Es la diferencia que existe entre los impuestos directos y los indirectos: unos se ven y los otros no.

Cuando el Gobierno da ayudas para incentivar el gasto de los ciudadanos (los famosos 400 euros) sabe bien lo que hace: estimula la actividad de las empresas, pero también llena las arcas públicas. Y bien que hace, si luego lo obtenido se invierte bien. Para sorpresa de muchos, hay un impuesto que la mayoría paga gustosamente, especialmente por estas fechas: la lotería.

Sí, la ilusión de todos los años, no deja de ser un recurso recaudatorio que el Estado implantó en 1767 para obtener más recursos. Carlos III, que había sido virrey en Nápoles antes que rey en España, conoció esta fórmula en Roma y la trajo como una vía de financiación más. Se llamó 'rentas estancas' y se correspondían a un monopolio estatal como el existente sobre el tabaco, la sal o el papel sellado. La lotería de Navidad nació años después, a principios del siglo XIX. La situación económica, con la Guerra de Independencia, era aún peor y qué mejor que reflotar la economía que despertando la ilusión de la población; qué mejor que hacerlo con... ¡un nuevo impuesto!

Así que ya saben. Cuando estos días les ofrezcan lotería de mil y un rincones, tengan bien claro lo que están haciendo: pagar impuestos.

P.D. Si piensan que es un impuesto muy 'especial' porque da la oportunidad de ganar una fortuna, se equivocan: los matemáticos calculan que, en conjunto y en el mejor de los casos, lo que se gana sólo equilibra lo que se ha invertido en los boletos. Una ilusión menos.