En un post anterior escribí que el Gobierno estaba perdiendo su credibilidad a marchas forzadas. Y es que no ha habido previsión económica por parte del Ejecutivo que no haya sido superada por la tozuda realidad. Desde que Solbes negara la mayor de la crisis hasta la afirmación de Salgado de que la subida del IVA no afectará al consumo porque cuando entre en vigor ya se habrá remontado la situación, la confianza en sus palabras no puede ser la misma. La culminación se ha producido con la previsión de paro recogida en los Presupuestos para 2010. La estimación indicaba una tasa del 18,9% y resulta que según el Eurostat, esa cifra ya se alcanzó en agosto . Magia: las peores previsiones se hacen realidad en sólo dos días. Magia, sí, pero magia negra.

La confianza, el término más utilizado últimamente por los economistas y políticos, es un estado de ánimo, una cierta inclinación tan difícil de explicar cómo fácil de menoscabar. Se trata de que los consumidores tengan la suficiente tranquilidad económica para gastar, de que las empresas tengan buenas perspectivas para invertir, de que los bancos se presten a prestar... El problema viene cuando el encargado de que todo este marco idílico se cumpla ofrece datos irreales y continuamente defenestrados. Cierto que tampoco puede decir que la crisis es gravísima e irrecuperable, porque sólo serviría para ahondar en la misma; pero que la previsión de paro sea falsada sólo dos días después de su inclusión en los Presupuestos Generales es otro durísimo golpe a la confianza en el mensaje gubernamental.

Sólo hay dos excepciones a la ley no escrita que dice que un gobierno no puede reconocer las verdades económicas: una, es la guerra, para instar a los ciudadanos a conceder lo que de otra forma sería impensable, y otra, la sucesión de otro ejecutivo con el que se quieren marcar distancias y evitar responsabilidades (léase el caso de Obama respecto a Bush y la crisis que se encontró). Y no nos encontramos en ninguna de ellas. ¿Cuál será la siguiente previsión en ser superada?

Existe una confusión en torno a lo público que conviene desechar: la de que público significa gratuito. Viene esto a cuento de la subida de impuestos que parecer querer impulsar el Gobierno y a la situación de la sanidad. Vayamos por partes.

La solución ortodoxa para salir de la crisis en la que nos encontramos ha sido la siguiente: si como consecuencia del crecimiento del paro los consumidores no gastan, que sea el Estado quien lo haga. El sector público, siempre sospechoso para el homo economicus, se convierte en salvador del sector privado. Bien. Es la receta keynesiana. Sin embargo, parece que por ser público, no cueste nada. 2.500 euros del cheque-bebé, más 400 para los contribuyentes, más otros 420 para los parados que han agotado los subsidios y otros 8.000 millones para el Plan E . ¿Resultado? Que la crisis sigue en pleno auge y el Estado se ha endeudado de forma inútil.

Parece que sólo ahora que se plantea la subida de impuestos (bien sobre las rentas superiores a 50.000 euros anuales , bien sobre los beneficios no ligados al trabajo -inversiones bursátiles...-) nos damos cuenta de que todo ese dinero invertido -a la vista de los hechos, más bien malgastado- no sale de la nada. El Estado se alimenta de los impuestos, directos e indirectos. Como su primera apuesta, la de reactivar los indirectos a través del consumo, no ha salido bien, el Gobierno apuesta ahora por la de los impuestos directos.

La impresión que han dado todas estas medidas es que no respondían a un plan concreto. Cuando Solbes abandonó el Ejecutivo, la sospecha de que estaba harto de todas estas improvisaciones fue adecuadamente destacada en los medios. Y es que una cosa es que se predique el gasto público para salir de la crisis (lo que ya de por sí es discutible), y otra es que se malgaste el dinero público. Sólo ahora, cuando "amenaza" la subida de impuestos, la "mayoría satisfecha" parece darse cuenta de que público no significa gratuito.

Otro ámbito donde se da esta misma confusión entre lo público y lo gratuito es el sanitario. Y es que parece que identificamos sanidad pública con sanidad gratuita. Cuando vayan a la farmacia, observen el precio de los medicamentos y el precio que pagan realmente. ¿Adivinan quién abona la diferencia? Sí, el Estado, es decir, los impuestos, es decir, todos y cada uno de nosotros aunque sea en un porcentaje ínfimo. Como consecuencia del abuso que hacemos de la sanidad pública, tendremos que empezar a valorar realmente lo que nos cuesta. Cuando tengamos que pagar por ello, sabremos realmente que lo público no es gratuito.

En conclusión, los bienes públicos, sean los impuestos, sea la sanidad, se han de emplear con el mayor cuidado posible. Y esto se debe exigir al Gobierno, claro, pero también a los ciudadanos. Existe, creo, una "mentalidad funcionarial" que ve lo público como algo de lo que ha de ser aprovechado en contraposición a la gestión que se hace en el sector privado. Cuando a uno no le afecta directamente, el fraude no es fraude. Falso. Lo de todos, precisamente por ser de todos, ha de ser especialmente "mimado". Si no, al final viene la subida de impuestos y, con el tiempo, la sanidad privada.